El 7 de octubre de 2026, INTERPOL informó los resultados de la Operación Madre Tierra VIII, desarrollada en nueve países de América Latina y el Caribe. La acción produjo 233 detenciones, recuperó más de 1.000 animales, identificó 60.000 hectáreas de bosque taladas ilegalmente e incautó sustancias utilizadas en minería, entre ellas hasta 4,6 toneladas de cianuro, además de mercurio.
La noticia parece pertenecer exclusivamente al ámbito ambiental. Sin embargo, la investigación encontró algo de enorme importancia para empresas, industrias e inversores: detrás de la extracción y comercialización aparecieron permisos presuntamente fraudulentos, sociedades, propiedades, mecanismos de inversión y compradores situados en diferentes continentes.
El delito ambiental no termina en el lugar donde se tala un bosque o se extrae un mineral. Necesita transporte, documentación, almacenamiento, financiamiento, procesamiento y mercados capaces de absorber el producto. En algún punto de ese recorrido puede cruzarse con una organización legítima.
De problema ecológico a riesgo patrimonial
Cuando una empresa adquiere madera, minerales, arena, químicos o servicios logísticos, no compra únicamente un producto. También incorpora su origen, su documentación y las condiciones bajo las cuales llegó al mercado.
Si ese origen es ilícito, las consecuencias pueden incluir decomisos, suspensión de operaciones, pérdida de mercadería, contaminación, sanciones, reclamos de terceros, restricciones comerciales y daño reputacional. Una aseguradora podría revisar la cobertura; un cliente internacional podría terminar el contrato; un financiador podría exigir explicaciones sobre la debida diligencia realizada.
Por eso, el delito ambiental debe formar parte de la matriz de riesgos patrimoniales y de continuidad. No es una cuestión reservada al área de sostenibilidad.
Cómo se oculta el origen ilícito
La Operación Madre Tierra VIII permitió vincular la investigación con empresas e individuos en varios continentes. INTERPOL informó presuntos fraudes de permisos, utilización de sociedades pantalla y mecanismos de inversión extranjera. Las responsabilidades continúan bajo investigación, por lo que estos datos no deben interpretarse como condenas.
La lógica preventiva es clara: un producto ilícito necesita adquirir apariencia legal antes de llegar a compradores formales. Esa transformación puede producirse mediante documentación adulterada, mezcla con producción legítima, intermediarios sucesivos, empresas sin actividad real, declaraciones de origen inconsistentes o volúmenes incompatibles con la capacidad autorizada.
El Grupo de Acción Financiera Internacional —GAFI/FATF— advierte que los delitos ambientales generan ganancias criminales estimadas entre USD 110.000 y 281.000 millones por año. También identifica vínculos con fraude comercial, corrupción, efectivo, estructuras societarias complejas y lavado de activos.
La minería ilegal muestra la convergencia del riesgo
La minería ilegal reúne casi todas las dimensiones que una organización debería analizar.
Existe un riesgo físico por maquinaria, depósitos, campamentos y transporte. Hay un riesgo ambiental por el uso de cianuro o mercurio y la contaminación de agua y suelo. Aparece un riesgo social cuando se explota a comunidades o trabajadores. También existe un riesgo financiero cuando el producto ingresa en circuitos comerciales para blanquear su origen.
Finalmente, existe un riesgo de seguridad: grupos organizados pueden controlar territorios, corromper controles, sustraer combustible, utilizar transportistas legítimos o intimidar a quienes interfieren con la operación.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que el oro presenta una vulnerabilidad particular por su elevada relación entre valor y peso, su liquidez y la facilidad con la que puede intercambiarse. En América Latina, las cadenas opacas pueden facilitar contrabando, lavado y participación del crimen organizado.
Sectores que deberían prestar atención
La exposición no se limita a las empresas extractivas. También alcanza a:
- constructoras que compran arena, piedra, madera o metales;
- industrias que utilizan minerales o insumos químicos;
- empresas de energía y tecnología dependientes de minerales críticos;
- transportistas, puertos, depósitos y operadores aduaneros;
- bancos, fintech, aseguradoras y financiadores;
- joyerías, fundiciones, traders y exportadores;
- urbanizaciones y desarrolladores que contratan movimiento de suelo o disposición de residuos;
- organizaciones que deben demostrar criterios ambientales y sociales ante clientes o inversores.
Una empresa puede no cometer el delito y, aun así, quedar expuesta por un proveedor, transportista o intermediario.
Ocho controles para proteger la cadena
1. Conocer al proveedor real
No alcanza con verificar la existencia fiscal de una sociedad. Deben identificarse sus beneficiarios finales, vinculaciones, domicilio operativo, capacidad productiva, antecedentes y subcontratistas relevantes.
2. Validar permisos con la fuente emisora
Las licencias mineras, forestales, ambientales y de transporte deben contrastarse con registros oficiales. Una copia visualmente correcta puede estar vencida, alterada o corresponder a otra ubicación.
3. Comparar volumen y capacidad
Si un proveedor comercializa cantidades incompatibles con su concesión, equipamiento o personal, puede existir mezcla de producción legal e ilegal.
4. Verificar origen y recorrido
La organización debe poder reconstruir desde dónde salió el recurso, qué transportistas intervinieron, dónde fue almacenado y quién recibió cada transferencia de custodia.
5. Controlar sustancias y equipos sensibles
El cianuro, mercurio, explosivos, combustibles y determinadas maquinarias requieren inventario, autorización, almacenamiento seguro y conciliación entre consumo esperado y real.
6. Incorporar evidencia geoespacial
Imágenes satelitales, geocercas, GPS y registros de acceso pueden ayudar a detectar extracción fuera de zonas autorizadas, rutas anómalas o actividad en horarios inconsistentes.
7. Integrar señales financieras
Pagos fraccionados, cuentas de terceros, efectivo, cambios frecuentes de sociedad, precios sin lógica comercial o destinos incompatibles merecen revisión conjunta de seguridad, compliance y finanzas.
8. Preparar respuesta y preservación de evidencia
Ante una anomalía, la empresa necesita detener la operación cuando corresponda, preservar documentos y registros, escalar internamente, consultar a especialistas y cooperar con las autoridades competentes.
Hechos, proyecciones e interpretación
Hecho confirmado: INTERPOL informó resultados operativos concretos en nueve países, incluyendo detenciones, incautaciones, recuperación de fauna y detección de tala ilegal. Argentina no participó de la operación y las cifras no representan todo el delito ambiental regional.
Alegaciones en investigación: los presuntos fraudes de permisos, sociedades pantalla y responsabilidades de personas o empresas deben ser probados en los procesos correspondientes.
Proyección razonable: la demanda de minerales, madera y materias primas continuará ejerciendo presión sobre cadenas globales. La OCDE advierte que los minerales son esenciales para industrias estratégicas y la transición energética, pero sus cadenas pueden vincularse con corrupción, delitos financieros, conflictos y daños ambientales.
Interpretación RISYKEN: la seguridad patrimonial debe seguir el recorrido completo del recurso. El perímetro de una empresa comienza antes de que la carga llegue a su planta y continúa después de que el producto sale hacia el cliente.
Una capacidad para RISYKEN ANTICIPA
RISYKEN ANTICIPA propone una Evaluación de Integridad Ambiental y Trazabilidad de la Cadena que articule seguridad, ambiente, compliance, compras, logística y continuidad.
La evaluación puede incorporar mapa de proveedores críticos; validación documental; beneficiarios finales; controles físicos; seguimiento de cargas; sustancias sensibles; riesgos territoriales; alertas financieras; canales de denuncia; protocolos de investigación y planes de respuesta.
El objetivo no es reemplazar una auditoría ambiental o jurídica. Es detectar cómo un origen ilícito, un documento falso o un tercero opaco puede transformarse en pérdida patrimonial y disrupción operacional.
La pregunta para la dirección es concreta: ¿su organización puede demostrar el origen, la ruta y los responsables de los recursos que incorpora a su cadena?
RISYKEN SOLUTIONS acompaña a empresas y organizaciones en la identificación de amenazas, evaluación de proveedores y diseño de controles integrales para proteger activos, reputación y continuidad.